ANÁLISIS DE COYUNTURA EN TIEMPOS CONVULSIONADOS: LA CRISIS HUMANITARIA EN EL CONTEXTO ELECTORAL DE COLOMBIA

Situación de emergencia humanitaria en América Latina causada por el Covid-19

 

A raíz de la extrema intervención del ser humano en los ecosistemas, se ha generado una fractura metabólica de la vida silvestre y la vida humana, lo cual ha originado variedades de enfermedades zoonóticas. El COVID-19 es una de ellas y ha contagiado a más de 300 millones de personas de las cuales han fallecido más de 5 millones y medio (Ritchie, 2022).

 

En el marco de este contexto, el planeta está viviendo una de sus peores crisis en toda su historia con efectos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y políticos que permanecerán por varios años en medio de la incertidumbre y el descontento social.

 

La CEPAL, a través del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, publicó un documento llamado “Construir un nuevo futuro: Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” en el marco del trigésimo octavo período de sesiones de esta organización en octubre de 2020, el cual arrojó preocupantes datos sobre los impactos que generó la pandemia en nuestra región durante el 2020.

 

Entre otros, se destaca la caída en saldo rojo del PIB al -9,1%, la pobreza llega a 231 millones de personas (37% de la población) y la pobreza extrema a 96 millones (15% de la población); es decir, más de la mitad de la población en América Latina está en todos los rangos de pobreza. Se suma a esto, los 47 millones de personas que perdieron el empleo, la alta tasa de informalidad que asciende al 54%, el cierre de 2,7 millones de empresas y los 40 millones de hogares sin conexión a internet (CEPAL, 2020).

 

En cuanto al cambio climático, a pesar de que nuestra participación en la emisión de gases de efecto invernadero es relativamente baja -con el 8,5%- con respecto al 30,8% de Asia, somos una región vulnerable a huracanes e incendios forestales lo cual ha provocado, por ejemplo, que el Caribe haya tenido que gastar alrededor de 3 mil millones de dólares anuales en daños y pérdidas, en una población en la que el 80% de sus habitantes vive por debajo de 5 metros bajo el nivel del mar (CEPAL, 2020).

Por su parte, en el Informe de CEPAL, OCDE y CAF de 2018 titulado “Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo”, se manifiesta que, en el 2018, el 80% de los latinoamericanos pensaba que sus gobiernos habrían sido involucrados en episodios de corrupción y tan solo el 22% en el 2018 confiaba en el gobierno, en contraste con el 45% en el 2010 (OCDE/CAF/CEPAL, 2018). Claramente la pandemia ha agudizado esta percepción producto de la represión y el insuficiente gasto social para paliar la crisis, además de la cooptación corporativa del Estado y los gobiernos por el sistema financiero en favor de los bancos.

 

La CEPAL (2020) realizó siete propuestas para hacerle frente a la crisis:

1. Extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses equivalentes a una línea de pobreza a personas en vulnerabilidad social.
2. Ampliación de plazos y períodos de gracia en los créditos a Mimpymes.
3. Una canasta básica digital: un laptop, un Tablet y una conexión de bajo costo.
4. Políticas fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales.
5. Solidaridad internacional.
6. Planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental.

7. Pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y distributiva.

 

En Colombia, el gobierno nacional aplicó a medias el ingreso básico con el Programa Ingreso Solidario ignorando la propuesta de la oposición que planteaba una Renta Básica Universal. También prefirió beneficiar con auxilios financieros a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, y las Cámaras de Comercio incentivaron el quiebre de estas Mipymes al no reducir los costos de la matrícula mercantil.

 

Esto ocasionó un masivo crecimiento del desempleo y la desigualdad social, y es justo en esa crisis cuando el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria regresiva que desencadenó en una histórica movilización social en abril de 2021 denominada “Paro Nacional 28A” o “Estallido Social”, donde se reflejó la crisis histórica (agudizada por la pandemia) de tipo social, económica y política producto del modelo neoliberal instaurado en la década de los 90 ́s que privatizó derechos fundamentales y quebró la industria nacional.

 

En esta protesta social, cuya protagonista fue la juventud popular, el gobierno nacional propició un tratamiento de guerra con la intervención desproporcionada de la Fuerza Pública provocando la muerte de decenas de personas, centenares de lesionados, miles de detenidos arbitrariamente y violencias basadas en género, según informes de la ONG Temblores e Indepaz. Así mismo, esta violación y vulneración de los derechos humanos, motivó la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual recomendó al Estado colombiano, entre otras cosas, “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa” (CIDH, 2021). Como es de suponer, el gobierno de Duque desacató esta recomendación.

 

La incertidumbre abre nuevas posibilidades de acción política

 

Vivimos tiempos liminales, suspendidos, con una parálisis del horizonte predictivo porque nadie sabe lo que va a pasar en adelante. En términos gramscianos, está finalizando algo que no termina de acabarse y germinando algo que no termina de nacer.

 

Existe un estupor y cansancio de la hegemonía neoliberal-conservadora, el mercado ya no es un sujeto cohesionador y tuvo que acudir al Estado para no desaparecer. Decía Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia e intelectual orgánico, en el curso internacional de Estado, Política y Democracia en América Latina dirigido por el Grupo de Puebla: “La hegemonía neoliberal ha perdido el optimismo histórico, ya no se presenta con certidumbres imaginadas y cumplibles; las certezas imaginadas del futuro se han quebrado. La hegemonía neoliberal no tiene la capacidad de producir lo que enuncia, no tiene capacidad de despertar entusiasmo, adherencias duraderas, horizontes factibles. Es porosa” (Grupo de Puebla, 2020).

 

Paradójicamente entre este tiempo paralizado de crisis e incertidumbre, se están desenvolviendo regionalmente un conjunto de luchas, convulsiones e inestabilidades

permanentes en donde se exalta una apertura cognitiva de la sociedad: mientras se genera vacío de certidumbres, de creencias de un porvenir a mediano plazo, la gente comienza a abrir su disposición de recepcionar nuevas ideas, nuevas ofertas discursivas, nuevas certidumbres. De distinto tipo: no solo progresistas, sino también conservadoras.

 

Allí vemos desde una perspectiva conservadora los gobiernos en Brasil, Colombia y Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia y la toma del Congreso en Estados Unidos, pero también desde un horizonte alternativo las masivas movilizaciones sociales en Ecuador, Chile y Colombia y la elección de gobiernos progresistas y pos-neoliberales en Argentina, Chile y Perú, y la retoma democrática en Bolivia.

 

Colombia en la encrucijada electoral del 2022

 

En nuestro país, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022 definirán el tipo de rumbo que tomará el Estado para superar la crisis e instalar un horizonte más o menos claro. Se empiezan a desplegar tres bloques políticos.

 

Por un lado, en el primer bloque, hacia la derecha, se comienza a consolidar –en palabras del politólogo colombiano Ariel Ávila- la “alianza republicana” que recoge sectores políticos religiosos cristianos y evangélicos representados en partidos como el MIRA y Colombia Justa Libres, junto con el Centro Democrático, el Partido Conservador, la oficialidad de Cambio Radical y el Partido de la U, el Movimiento de Salvación Nacional que recientemente retomó la personería jurídica y recoge los postulados de la familia del difunto conservador Álvaro Gómez Hurtado, unidos con clanes políticos regionales en el Caribe como la familia Char, en el Valle con Dilian Francisca Toro, en Bogotá con Enrique Peñalosa y en Antioquia con Federico Gutiérrez. Allí buscan convocar una consulta interpartidista que conduzca a apoyar una candidatura en unidad.

 

Esta alianza propende por agendas conservadoras, que niegan las libertades individuales y no separan el papel de la iglesia en los asuntos del Estado, promueven propuestas racistas y xenófobas, rechazan el aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de las drogas, alientan ideas antiliberales y antifeministas, impulsan una política de seguridad basada en el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social en donde la democracia comienza a presentarse como un estorbo, es una derecha más autoritaria que busca menoscabar el Estado social de derecho y atacar la separación de poderes.

 

Así mismo, en materia económica, representan el latifundismo mega-terrateniente improductivo que concentra el 80% de la tierra en Colombia que en algunos territorios está ligado a economías y actividades ilegales, como también, al tiempo, aplican la cooptación del Estado para la utilización de los recursos públicos en función de atenuar o ampliar las ganancias empresariales de los emporios oligopólicos y tramitan reformas tributarias que gravan en impuestos la canasta familiar en donde afectan directamente a las capas bajas y medias y dejan quietos los impuestos a la propiedad, a las ganancias de capital y a los patrimonios, beneficiando a los más acaudalados. Propenden por un Estado corporativo, como monopolio privado, intensificando la tradicional receta fallida del neoliberalismo que produce desigualdad social y pobreza.

 

Los candidatos de esta coalición que está por consolidarse y se hace llamar Equipo por Colombia son Dilian Francisco Toro, Alex Char, David Barguil, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez y está a la espera la decisión si dejan entrar a Óscar Iván Zuluaga.

 

Por otro lado, en el segundo bloque, hacia el centro, se han venido juntando desprendimientos de los partidos tradicionales que representan ideológicamente una propuesta liberal y socialdemócrata, que los separó de la extrema derecha por el punto de quiebre producido por el proceso y el acuerdo de paz. Allí se encuentran figuras disidentes de Cambio Radical y del Partido Liberal como Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle.

 

Son un fenómeno de la ruptura del consenso neoliberal político-económico que representa un ala anti-conservadora de las élites, a favor del pluralismo y la solución dialogada a los conflictos, propugnando por algunas reformas sociales y económicas que garanticen derechos individuales en temas como la equidad de género, la diversidad sexual y la legalización de las drogas, una nueva matriz productiva que integre la economía agro- industrial y las energías renovables y alternativas, sin embargo mantienen el matrimonio entre mercado y democracia representativa, sin cambios sustanciales sobre el modelo económico y mantienen en una superficialidad el papel del Estado como regulador del mercado, dejando intactas las fortunas de los grandes empresarios y limitando un proyecto pos-neoliberal.

 

Entretanto, en medio de este espectro político, se encuentra un importante sector de la Alianza Verde que se identifica con los postulados anteriormente mencionados y mantiene un relacionamiento estrecho con el excandidato presidencial Sergio Fajardo, aunque tengan de pre-candidato presidencial al exgobernador de Boyacá Carlos Amaya. Este sector está representado por la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López y congresistas como Angélica Lozano, Iván Marulanda y Antonio Sanguino. Dicho sector realizó un cónclave con los liberales socialdemócratas, con el excandidato presidencial y representante del movimiento Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, con el nuevo movimiento político Dignidad representado por el senador Jorge Enrique Robledo que nace a partir de la salida de un sector del Polo Democrático y con Íngrid Betancourt, referente del Movimiento Verde Oxígeno, con la idea de construir una convergencia que han llamado Coalición Centro Esperanza, la cual busca juntar a estas expresiones políticas que se auto-denominan de centro y centro- izquierda e impulsar una candidatura única luego de una consulta de precandidatos.

En esta Coalición los candidatos son Carlos Amaya, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria.

 

Y, por último, en el tercer bloque, hacia la izquierda, se ubican fuerzas políticas progresistas como la Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Fuerza Ciudadana, organizaciones sociales vinculadas a procesos indígenas y afros que representa Francia Márquez en el Movimiento Soy Porque Somos, sectores políticos de la Alianza Verde como el Partido del Trabajo de Colombia, la Unidad Democrática y Verdes por el Cambio del exgobernador de Nariño Camilo Romero, como también congresistas de ese partido como Inti Asprilla, Katherin Miranda, entre otros, así mismo liberales socialdemócratas como Roy Barreras, Luis Fernando Velasco y Armando Benedetti que salieron de los partidos Liberal y de la U.

 

Este espectro político contempla al Estado como un agente activo para fortalecer la protección social, contribuir en la mejora de salarios de trabajadores y la dignificación laboral, propender por la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, inyectar presupuesto en la inversión pública, proteger los más débiles y excluidos históricamente que han venido movilizándose socialmente en paros territoriales y nacionales, proyectar reformas en salud y educación para robustecer su condición como derecho fundamental no mercantilizado, impulsar reformas tributarias que grave el patrimonio de los más poderosos, incluir reformas que potencien el desarrollo rural y la productividad del campo por medio de cooperativas y economías solidarias, intensificar la protección del medioambiente y la promoción de energías renovables y alternativas, cambiar la estrategia de lucha contra las drogas que apunte hacia la progresiva legalización e iniciar procesos de solución dialogada de los conflictos armados e implementar los acuerdos de paz.

 

Desde este bloque político los candidatos son Gustavo Petro, Francia Márquez, Arelys Urianis, Alfredo Saade, Luis Fernando Velasco y Camilo Romero, los cuales han llamado a una consulta más amplia con el segundo bloque para competir con un solo candidato que le gane al primer bloque conservador en primera vuelta. Sin embargo, el centro político no quiere perder identidad y emprende su proyecto propio entre sectores verdes y liberales moderados, los cuales, a pesar de que existen diferencias ideológicas, promueven agendas programáticas similares a las de los sectores progresistas y de izquierda democrática.

 

Este bloque político, en medio de sus matices y su heterogeneidad, está impulsando tres listas al Senado: la del Pacto Histórico, la de Fuerza Ciudadana y la del movimiento feminista Estamos Listas.

Por último, se encuentra el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, que ha venido creciendo en las encuestas sin generar una alianza sólida con ninguno de los anteriores bloques y, por el contrario, realiza su campaña demeritando a todos los políticos con un discurso contra la corrupción, aunque sin una clara tendencia ideológica y con visos de autoritarismo en su manera de entablar debates con sus contradictores.

 

El Huila en las mismas, pero con vientos de cambio

 

En el Huila, la situación social y económica se ha agudizado por el impacto de la pandemia. Su capital, Neiva, según el informe del DANE que evalúa el Mercado Laboral del trimestre octubre-diciembre de 2020, se ubicó en el segundo lugar de ciudades con mayor desempleo del país (19,7%) (DANE, 2020). Si bien, tras el último informe del DANE para el trimestre móvil septiembre-noviembre 2021, el desempleo en Neiva disminuyó al 13,7%, la proporción de empleo informal en la población ocupada es del 53,3% (DANE, 2021). Es decir, actualmente 1 de cada 7 neivanos no tiene empleo y entre quienes lo tienen, más de la mitad no adquiere un salario fijo, ni prestaciones sociales ni pensionales; está en el rebusque diario.

 

Además, en el informe del DANE (2020), la distribución porcentual de la población inactiva según tipo de actividad (es decir, que durante determinado período no han tenido un empleo ni lo han buscado porque se han dedicado a otras actividades) se encuentra que quienes se dedican a los oficios del hogar representan el 40,1%. Esto manifiesta que las mujeres – que

en su mayoría son las que trabajan en el cuidado del hogar- no han logrado conseguir empleo por causa de los roles patriarcales impuestos en la sociedad que la relegan a los oficios domésticos, en los cuales no tienen salarios dignos, ni empleos formales, ni prestaciones sociales y son más vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

 

En la Universidad Surcolombiana (la universidad pública más importante del departamento y que alberga alrededor de 13 mil estudiantes), según el Área de Promoción Socioeconómica de Bienestar Universitario, el valor total del subsidio de rebaja de la matrícula de los estudiantes por semestre a partir del estudio socioeconómico fue de $129.343.733 en el semestre 2019-1 siendo beneficiarios 433 estudiantes; en el 2020-2 ascendió a $320.138.258 con 1.432 beneficiarios; y en el 2021-1 disminuyó a $ 53.569.501 con 122 beneficiarios (Universidad Surcolombiana, 2019, 2021).

 

Con base en esta información se puede evidenciar que la aprobación de las solicitudes de estudio socioeconómico aumentó considerablemente en el 2020, al triplicarse los casos de solicitudes con respecto al año anterior evidenciando el aumento de la pobreza monetaria ocasionada por la pandemia que se ubicó en 55.6% en el 2020 (Contreras, 2021). Sin embargo, a raíz de la lucha universitaria liderada por huelguistas pertenecientes al movimiento estudiantil, con el acompañamiento de la administración universitaria y con la voluntad de los gobiernos territoriales, se logró conquistar la Matrícula Cero, la cual permitió disminuir considerablemente el valor de la matrícula de los estudiantes para el período 2021- 1 y, por tanto, en ese semestre bajaron los casos de solicitudes aprobadas en más del 91%.

 

Por otro lado, la violencia y el conflicto armado se reanudó en medio del olvido que esta región ha sufrido por parte del gobierno nacional para la implementación del acuerdo de paz, registrando múltiples masacres en el norte del departamento, crecimiento en la presencia de grupos armados, militarización en los campos, tratamiento de guerra a la protesta social, reclutamiento de menores y retenciones ilegales.

 

El sistema vial aún carece de fortaleza para dinamizar la economía y el turismo y los recursos naturales e hídricos pueden ser amenazados por pretensiones de multinacionales para la inversión extranjera en el marco del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena.

 

La clase política dirigente del departamento que históricamente ha representado en el Congreso al Huila, ha sido incapaz de defender los derechos de las mayorías y ha sido funcional permanentemente a las políticas de los gobiernos que han profundizado el neoliberalismo y la desigualdad social. A su vez, mantienen prácticas que limitan el ejercicio pleno de la democracia y estancan la perspectiva de progreso de una región tan rica como el sur colombiano y, en particular, el departamento del Huila.

Entretanto, las fuerzas progresistas vienen ganando importantes espacios en representaciones políticas y en escenarios de movilización social, pero aún su proyección política es insuficiente debido a su fragmentación a la hora de tomar decisiones trascendentales.

 

Según los informes de la Registraduría Nacional del Estado Civil consultados en la página web oficial, en las últimas elecciones a la Cámara de Representantes por el Huila (2018), votaron 415.485 de 817.964 personas habilitadas, lo cual representa un 50,79% de participación. Allí el Partido Conservador sacó 68.802 votos logrando la curul de Jaime Felipe Lozada, Cambio Radical obtuvo 59.034 votos que permitieron sacar a Julio César Triana, el Partido Liberal 49.049 votos en donde Flora Perdomo logró la curul, y el Centro

Democrático 48.324 votos que en el marco de una lista cerrada Álvaro Hernán Prada obtuvo la cuarta y última curul.

 

Luego siguió el Partido de la U con 46.331, la Coalición Colombia entre el Polo Democrático y la Alianza Verde con 28.881, el MIRA con 18.442, la Unión Patriótica con 11.129, la ASI con 2.491 y en último lugar Partido Somos con 1.932.

 

Numéricamente, si entre los sectores progresistas y alternativos se hubieran juntado el Polo, la Alianza Verde y la Unión Patriótica habrían sacado 40.010 votos, encontrándose más cerca de la cuarta curul.

Ahora bien, en las últimas elecciones territoriales para la Asamblea Departamental en 2019, se disputaron 12 curules. En esta ocasión, votaron 554.126 de 843.520 personas habilitadas, representando un 65,69% de participación. El Partido Conservador obtuvo 3 curules con 87.746 votos, el Partido Liberal 2 curules con 74.458 votos, Cambio Radical 2 curules con 64.926, la Alianza Verde 2 curules con 56.525 votos, Centro Democrático 1 curul con 43.953 votos y el Partido de la U 1 curul con 29.856 votos. La curul 12 la ganaba la Coalición Juntos que componía a los partidos Colombia Humana-Unión Patriótica, el Polo Democrático y MAIS que obtuvieron 26.942 votos, sin embargo, el candidato a la Gobernación por el Partido Conservador que quedó en segundo lugar, Carlos Ramiro Chávarro, aceptó el beneficio de la última reforma política, que le permitía adquirir esta curul.

 

Para las actuales elecciones al Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo del 2022, en el Huila se inscribieron 10 listas a la Cámara de Representantes para disputar 4 curules:

1. Cambio Radical (Lista Abierta): se la disputan el actual representante Julio César Triana, el periodista y abogado Jorge “Tito” Murcia, la ingeniera y exsecretaria del Concejo de Neiva Luz Ayda Pastrana y el abogado Víctor Andrés Tovar.
   Con relación a esta lista, está siendo apoyada por el exgobernador y candidato al Senado Carlos Julio González Villa y un amplio equipo de funcionarios de la Alcaldía de Neiva.

2. Partido Conservador (Lista Abierta): la integran el actual representante Jaime Felipe Lozada, el exdiputado José Eustacio Rivera, el médico David Cangrejo y el exdiputado Julio César Díaz.
   Aunque el conservatismo no está unificado completamente y ha venido perdiendo poder en el departamento, el Huila sigue siendo un territorio tradicionalmente conservador y los candidatos cuentan con el apoyo de la actual senadora Esperanza Andrade.

3. Partido Liberal (Lista Abierta): conformada por la actual representante Flora Perdomo, el exconcejal de Neiva Carlos Posada, el laboyano Sergio Zúñiga y la garzoneña Nubia Segura.
   Esta lista cuenta con el apoyo del senador Rodrigo Villalba, un amplio equipo de funcionarios de la Gobernación del Huila y sectores de la Alianza Verde.

4. Pacto Histórico (Lista Abierta): conformada por la exconcejala de Neiva y lideresa ambientalista Leyla Rincón, el líder cafetero y empresarial Orlando Beltrán y el académico e investigador laboyano Germán Calderón.
   Esta lista ha reunido a un importante número de fuerzas progresistas y busca representar las ideas y propuestas alternativas que plantea el Pacto Histórico ampliando el espectro e integrando a colectividades y figuras que incluyen a la izquierda democrática pero también trascienden hacia sectores liberales socialdemócratas, dándole una oportunidad importante, además de la fortaleza de cambio que ha adquirido el proyecto del Pacto Histórico en el país.

5. Centro Democrático (Lista Abierta): la excandidata a la alcaldía de Neiva Cielo Ortiz Serrato, el exalcalde de Isnos Rigoberto Rosero “Don Panelo”, la exsecretaria de Hacienda Departamental María Alexandra Toro y el actual representante a la Cámara Henry Castellanos, que remplazó a Álvaro Prada.

   Aunque el desgaste del gobierno nacional debido a su baja aceptación por los colombianos debilitaría esta lista, es cierto que el Centro Democrático mantiene posiciones de poder importantes en el departamento a partir de empresas del Estado en las cuales incide el senador Ernesto Macías.

6. Coalición Centro Esperanza (Lista Abierta): integrada por la excandidata a la rectoría de la Universidad Surcolombiana Miryam Lozano, la abogada Carolina Tello, Héctor Sánchez y Hernán Bonilla.

7. Nuevo Liberalismo (Lista Cerrada): encabezada por la ingeniera María Fernanda Plazas, e integrada por Juan Camilo Morales Conde, John Eder Orozco y Hernán Bonilla.

8. Movimiento de Salvación Nacional (Lista Cerrada): integrada por Héctor Bernal.

9. MIRA (Lista Abierta): integrada por Marcela Granada y Mauricio Marquín.

10. Partido de la U (Lista Abierta): aspiran Mayerli Paredes Rojas, Jairo Gómez, Raúl

    Herrera y Mary Luz Piñeros.

Ante este panorama, existen al menos seis factores que incidirán en la obtención de las curules: 1) el nivel de cooptación de las instituciones del Estado y las empresas públicas por parte de los partidos, colaboradores y candidatos que permitirá mover la maquinaria burocrática de empleados, funcionarios y contratistas; 2) la visibilidad de las campañas en las redes sociales y en los territorios; 3) el arrastre que logren dar las consultas presidenciales a las listas y a los candidatos a la Cámara; 4) el dinero para mover los votos a la manera tradicional con líderes comunales; 5) la destreza en la creatividad e incentivar el voto de opinión que ratifique la independencia y el cambio; 6) la demostración de la gestión política y social realizada previamente por los candidatos en sus cargos o liderazgos.

En todo caso, el umbral en 2018 estuvo por encima de los 48 mil votos; en 2022 posiblemente ascenderá hacia los 55 mil votos previendo mayor participación en las urnas. De esta manera, con base en los factores anteriormente mencionados, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal estarían repitiendo curul, y la cuarta curul estaría disputada entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Aparte del trabajo de los candidatos, esta curul tendrá una fuerte incidencia del voto de opinión, fundamentalmente polarizado entre dos proyectos de sociedad disímiles: una que se ha mantenido en el poder vs otra que promete un cambio social; una que enarbola principios conservadores vs otra que se basa en valores progresistas; una que ha tenido grande acogida en el departamento en donde siempre ha ganado Uribe vs otra que progresivamente ha elevado su votación y resalta mayor aceptación por Petro en las últimas encuestas.

 

El Pacto Histórico debe explayar su campaña hacia los territorios y las redes sociales y potenciar su discurso con los procesos sociales y políticos diversos que lo componen: el Paro Nacional, las luchas gremiales de ayer y hoy, la fuerza de los candidatos presidenciales, el

agotamiento del régimen político actual, la diversidad en la composición de la Lista y la buena gestión política del pasado. Debe empezar a mover la base de los 95.270 votos que obtuvo Gustavo Petro para la campaña de la Presidencia en 2018 (obviamente no son endosables, pero son una base de opinión importante que crece), o sino el Centro Democrático arrebatará esa posibilidad de curul o incluso alguna de las otras tres listas pueda sacar dos curules.

 

A manera de conclusión

 

El Estado, en este panorama, será un sujeto activo y fortalecido tanto para las fuerzas progresistas como para las fuerzas conservadoras, las cuales disputarán una querella por el uso del excedente económico de la sociedad y proyectarán una intensificación o salida a la crisis humanitaria que vive la sociedad causada por el Covid-19. En medio del panorama electoral, se intensificarán las luchas sociales e ideológicas para saber quién se va a beneficiar con los recursos públicos que son muy escasos a raíz de la pandemia. Empresarios, trabajadores, terratenientes, indígenas, campesinos, serán sujetos protagonistas de este agonismo que presenciará movilizaciones sociales, respuestas militares, guerras jurídicas y gestión del sentido común y la agenda pública. Como dijera Foucault: “Vivir en sociedad es, de todas formas, vivir de manera que sea posible actuar los unos sobre la acción de los otros. Una sociedad sin «relaciones de poder» no puede ser más que una abstracción” (Foucault, 1984). Un acumulado de incertidumbres y una potente fricción social desembocará en un horizonte político más o menos claro para el 2022 en adelante.

 

Bibliografía

 

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